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1 diciembre 2010
 

Los cables diplomáticos de Wikileaks levantan una polvareda en el caso Couso 

La filtración de los cables diplomáticos norteamericanos por Wikileaks, publicados entre otros por el diario El País, ha provocado una fuerte polémica al revelar la existencia de gestiones de la embajada norteamericana sobre el caso Couso ante instancias judiciales y gubernamentales españolas.  

Así, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, negó hoy que el Ministerio Público o la Fiscalía de la Audiencia Nacional hayan prestado asesoramiento jurídico a los Estados Unidos para evitar el enjuiciamiento de los tres militares norteamericanos involucrados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Iraq.  

Los documentos filtrados por Wikileaks aseguran que la Fiscalía hizo varias recomendaciones a la embajada estadounidense en Madrid sobre la estrategia jurídica a seguir para evitar su procesamiento, mientras que los entonces ministros españoles Juan Fernando López Aguilar (Justicia) y Miguel Ángel Moratinos (Exteriores) “trabajaron” para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los militares implicados. 

Según los documentos diplomáticos ahora divulgados, la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega se reunió con el embajador norteamericano en España y le dijo que Conde-Pumpido le había informado de la “excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso”. 

Por su parte, Javier Couso, hermano del cámara asesinado en Bagdad, considera que la filtración de Wikileaks confirma la existencia de indicios de delitos graves, incluso de encubrimiento, y acusó al Gobierno de conspirar y de mentir a su familia. 

En su opinión, la actuación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha sido impresentable y deberían “dimitir inmediatamente”.  

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, se mostró por su parte convencida de la aplicación estricta del Estado de derecho y de la independencia judicial, frente a las supuestas presiones de EE.UU. para intentar frenar algunos procesos abiertos en España.  

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró que a su juicio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “debe responder” sobre lo que se está publicando.  

Por último, las principales asociaciones de jueces han reclamado abrir una investigación para aclarar si estos procesos podrían haberse visto “viciados” por injerencias externas. 
          


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